La gestión Alberto Weretilneck advirtió que los contratos de servicios de empleados de la provincia que vencen el 31 de diciembre próximo no serán renovados si adhirieron al paro de 36 horas que convocó ATE en todo el país y que se inició en el mediodía del martes y continuará durante el miércoles
Asimismo, recordó que dispuso el descuento de las jornadas de paro al personal del Poder Ejecutivo que se haya sumado a los paros dispuestos esta semana. En virtud de esta decisión se instruyó a los respectivos Departamentos de Recursos Humanos de todos los organismos provinciales para que informen fehacientemente los casos de quienes se plieguen a la medida de fuerza, con el objetivo de realizar los correspondientes descuentos. Esos informes servirán para determinar qué personal contratado se ha sumado al paro de actividades, en cuyo caso se procederá a la no renovación del vínculo laboral el 31 de diciembre venidero.
Desde el gobierno provincial explicaron que “se cumplió con los compromisos asumidos con los gremios que representan a los trabajadores, y este paro de 36 horas se lleva a cabo en un período en el cual se encuentran abiertas las negociaciones paritarias, afectando seriamente la prestación de los servicios básicos como educación y salud”.
“La sociedad rionegrina realiza una enorme contribución con sus impuestos para que el gobierno pueda pagar en tiempo y forma los compromisos salariales con sus trabajadores y se merece que éstos cumplan con sus obligaciones laborales como corresponde, algo que no está sucediendo porque se ven afectados por una medida de fuerza nacional cuyas reivindicaciones nada tienen que ver con la realidad de nuestra provincia”, señalaron.
El sindicato respondió esta mañana al gobierno de Weretilneck. Señaló que la medida tiene una adhesión del 95% en la administración pública nacional y provincial y en las administraciones municipales. En los hospitales y la SeNAF sólo se garantizan guardias. En las escuelas el acatamiento es prácticamente total. Se observan oficinas vacías en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ANSES, PAMI, SENASA, Vialidad Nacional y Conicet, entre otros organismos.
“La amenaza del gobierno de despedir a los trabajadores contratados que realizan paro es una ilegalidad manifiesta, porque el Ejecutivo está dando por sentado que son despidos por discriminación, lo que está prohibido por ley”, explicó Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
“Nosotros seguimos exigiendo la reapertura paritaria en la provincia. No podemos los estatales pagar el ajuste de la Nación. Reclamamos volver a la política de recuperación de poder adquisitivo que iniciamos en enero. A esta altura las amenazas nos hacen cosquillas: algún ministro dijo por ahí que, si parás contra la provincia, te descuentan; si parás contra la Nación, también. ¿Qué significa eso? ¿El ajuste ya está signado en un escritorio? Pero los estatales le perdimos el miedo y la contundencia de la adhesión lo demuestra”, concluyó.