La provincia de Neuquén manifestó su oposición a la disolución del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) y advirtió que podría generar consecuencias irreparables.
El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, envió una nota al Gobierno Nacional en la que resaltó que la disolución del organismo podría generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables.
“Realmente estamos preocupados ante esta información que ya es de público conocimiento de que el gobierno nacional va a disolver el Orsep. Es un grave error el que van a cometer y les estamos pidiendo que no lo hagan porque sería perjudicial”, señaló el funcionario.
“Consideramos que la decisión de disolver el Orsep constituiría un grave error del Estado Nacional, que puede generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables. Es un organismo técnico encargado en fiscalizar la seguridad estructural y operativa de las presas y/o estructuras complementarias y auxiliares”, detalló el ministro.
Agregó que la eliminación de esa fiscalización generará riesgos y peligros inconmensurables, con las consecuencias catastróficas que pudieren ocasionarse en los bienes y a las personas existentes aguas abajo de las represas emplazadas en la Región del Comahue.
En 2009, la Corte Suprema obligó a Nación a realizar las obras
La nota expresa también que las represas Alicurá, el Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, Cerros Colorados, emplazadas en los ríos Limay y Neuquén, carecerían de fiscalización de seguridad, lo cual resultaría de una gravedad e irresponsabilidad extrema.
El funcionario neuquino recordó que la Corte Suprema de Justicia de 2009 obligó al Estado Nacional a realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa “Portezuelo Grande”, integrante del Complejo Cerros Colorados emplazada sobre el río Neuquén.
“Les solicitamos tener a bien impulsar las gestiones y adopción de las medidas necesarias para evitar que se incurra en el grave y riesgoso error de disolver el Orsep. Las referidas represas de la Región del Comahue no pueden quedar sin fiscalización de seguridad estructural y operativa. En su defecto, la Provincia deberá evaluar su posición ante tal determinación, así como las acciones que adoptará en pos de resguardar y salvaguardar los bienes y personas que esta medida afectaría potencialmente”, indicó Etcheverry.
La nota fue reenviada también al coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel Cristian González Casartelli, al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, a la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Andrés Rodríguez.