Tras conocerse la decisión del Estado Nacional que promete disolver el Organismo Regulador de Seguridad de Represas (ORSEP) y tomar control de las mismas, desde el Gobierno Provincial han puesto el ojo en esta decisión y esperan que Nación de marcha atrás en la medida que busca consolidar la autonomía nacional sobre esta entidad.
Para Provincia, que desde hace año gestiona las represas y la posterior energía producida por la misma explicaron: "Se rechaza la desarticulación del ORSEP debido a la función que cumple en la seguridad y salvaguarda de las vidas y bienes aguas abajo de las represas hidroeléctricas de las cuencas del Comahue".
Este comunicado busca responder al decreto nacional PEN 70/25 que reestructura el organigrama del ministerio de Economía de la Administración Nacional. Asimismo, desde el gobierno provincial se advirtió que el artículo 5º establece que dentro del objetivo 23, la secretaría de Obras Públicas estará a cargo de “ejercer el control tutelar” del ORSEP y del Instituto Nacional del Agua (INA). El concepto de “control tutelar” genera dudas.
Este ligero desacuerdo que viene desde hace ya un tiempo. Más específicamente desde Noviembre del 2024, cuando Rubén Etcheverry-por ese entonces ministro de Infraestructura- y actual ministro de Planificación y Optimización del Estado envió una solicitud a Nación esperando que revean esta decisión y dejando expresa su disconformidad de eliminar la regulación de las presas a gran escala.
En aquella oportunidad el funcionario expresó: "La decisión de disolver el ORSEP constituiría un grave error del Estado Nacional y puede generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables”. Pero no es todo, ya que también se refirió a que "la eliminación de esa fiscalización generará riesgos y peligros inconmensurables, con las consecuencias catastróficas que pudieren ocasionarse en los bienes y a las personas existentes aguas abajo de las represas”.
De esta manera el estado Provincial busca marcarle la cancha a Nación y poder hacer una salvedad en el cuerpo de la ley decretada por el presidente. La intención es poder seguir haciendo funcionar el ente regulador de estas represas que tienen un rol tan importante en la Patagonia y sobre todo en Neuquén y sus cercanías.
Las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, Cerros Colorados, emplazadas en los ríos Limay y Neuquén “carecerían de fiscalización de seguridad, lo cual resultaría de una gravedad e irresponsabilidad extrema”, se indicaba en el documento firmado por el funcionario. No solo por sus protocolos de desborde, sino también por la cantidad métodos y elementos de seguridad que hay que considerar para su correcto funcionamiento.