Pese a que la provincia de Neuquén mostró leves mejoras en primaria (y así lo acreditó la evaluación Aprender), no escapa a las adversidades que golpean cada vez con mayor notoriedad al sistema de enseñanza pública, y que son prácticamente calcadas en cada uno de los distritos del país.
Los paros de docentes y auxiliares (porteros, cocineros y demás) restan días de clases y colocan a los niños del sistema público en evidente desventaja respecto de aquellos que se forman en el sistema privado porque, simplemente, sus padres pueden afrontar la inversión económica.
Está claro que no hay igualdad de condiciones en ello. Y el video -que se hizo viral- que muestra a un padre al borde del llanto, en la provincia de Buenos Aires, viene a resumir la cuestión. “Igualdad no es hablar con x”, sino que las escuelas públicas tengan clases como las privadas, expresó -más dolido que indignado- e hizo notar que los trabajadores del Estado “hacen lo que quieren porque no los pueden despedir”, en cambio a los padres que trabajan en el sector privado, sí. Aquí tampoco hay igualdad. “Basta de paros”, corearon quienes acompañaron a este hombre en su queja.
Las medidas de acción directa son una modalidad dañosa y desgastada a la que no le ponen freno ni los descuentos de haberes. Paran por cuestiones propias o ajenas, locales o foráneas y, muchas veces, en solidaridad con educadores de otras latitudes. Las marchas son siempre al mediodía, de modo tal que afecten a los dos turnos. Y hay daño en esto. Jamás marchan fuera del horario de clases, salvo que la convocatoria la realicen otros. También hay motivaciones políticas, no sólo gremiales (como las que se ejecutan para exponer fortaleza frente a los adversarios internos), sino también partidarias. Es decir, cuestiones partidarias que terminan afectado el dictado de clases. Eso se vio claramente en tránsito rumbo a las provinciales de abril.
El problema es de arrastre y solucionarlo representa uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, se trate de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich o de Sergio Massa. Y lo mismo aplica para Neuquén, donde el gobernador electo, Rolando Figueroa, ya trabaja en el diseño de políticas educativas que vengan a garantizar nada menos que el futuro de las nuevas generaciones.
Según la información que, hace apenas unos pocos días, difundió el gobierno provincial, la evaluación Aprender 2022, que se llevó a cabo en todo el país, arrojó una significativa mejora en el nivel primario neuquino, con un 54,1% de resultados satisfactorios en matemática, lo que significó 2,1 puntos porcentuales por encima de los logrados en 2021. Mientras que en Lengua, la mejora fue más notoria, con un 71,4% de desempeños satisfactorios, lo que significó un avance de 17,4 puntos respecto del Aprender 2021. La contracara estuvo en la Educación Secundaria que, en líneas generales, marcó un descenso en todo el país, incluida Neuquén.
El sistema, si corresponde la expresión, está viciado en el país todo. Aquí, en Neuquén, el ministerio de Gobierno y Educación (que, vale reconocerlo, realiza un gran esfuerzo por encaminar la cuestión) detectó una abrumadora cantidad de licencias médicas injustificadas, que habían sido presentadas tanto por docentes como por auxiliares. Se entiende que en varios casos se trató de las mal llamadas avivadas. Tal es la magnitud del problema que con esta inspección, el ministerio le hizo ahorrar 272 millones de pesos en mayo último al gobierno provincial.
Se dijo que, en la primera parte del año, se detectó una disminución del 29 al 25% en el pago de licencias por certificados médicos que no estaban debidamente presentados. Eso fue posible a partir de auditorías externas, ya que -parece claro- el sistema no tenía demasiadas intenciones de controlarse a sí mismo. Se dijo no daba abasto, ante tantas licencias tramitadas para cobrar sin trabajar.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras en cuanto a las licencias debidamente acreditadas, pero también el de llevar adelante los controles respectivos”, dijo en aquel momento el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo y advirtió que “hay un porcentaje alto de certificados, que la auditoría ha comprobado, tienen serias inconsistencias”.
El colmo es lo que sucedió en 2022, cuando se detectó que un mismo médico había emitido 34 certificados en un mismo día; también se conoció el caso de un profesional que denunció que circulaban certificados con su sello y firma falsificada y se detectaron 188 certificados con esa característica a partir de filtrar la base de datos.
Profundizar en esos y otros controles es una de las formas de procurar la igualdad entre estudiantes, que son en definitiva quienes ven vulnerados sus derechos frente a las actitudes prepotentes de quienes dicen defenderlos y no dictan clases “en nombre de la Educación”.