Un hombre deberá realizar trabajos comunitarios en una entidad pública durante tres años y un curso de seguridad vial, además de otras pautas de conducta, al haber admitido su responsabilidad en un accidente vial en el que murió un conocido comerciante en marzo de este año en inmediaciones del lago Los Barreales.
Este martes se realizó por videoconferencia una audiencia en la que la asistente de la fiscalía de Homicidios, Lucrecia Sola, arribó a un acuerdo con la defensa de un hombre identificado por sus iniciales como V.H.S, quien se atribuyó la responsabilidad por el choque en el que murió Manuel Edgardo Torres, de 61 años, propietario de una cadena de pinturerías.
El siniestro ocurrió el 1 de marzo de este año entre las diez y diez y media de la mañana en la ruta provincial 51. V.H.S conducía una camioneta Fiat Fiorino en sentido Este-Oeste y detrás lo hacía Torres en una motocicleta Benelli Trk 502, hacia el lago Mari Menuco.
Según la reconstrucción que presentó la fiscalía, en un determinado momento a unos 2 kilómetros del cruce con la ruta 8, a metros del ingreso a Los Barreales, V.H.S realizó imprevistamente un giro hacia la izquierda para ingresar a un camino rural. Torres intentó evitar el impacto, clavó los frenos, cayó de la moto y fue arrastrando sobre el asfalto hasta impactar su cuerpo contra la camioneta. Murió de manera instantánea producto de las gravísimas heridas recibidas.
El delito por el cual fue acusado V.H.S, es “homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor”.
La representante del Ministerio Público Fiscal detalló ante el juez de garantías los términos del acuerdo alcanzado por la fiscalía, la defensa y la querella particular, que comprenden el “reconocimiento de su participación en los hechos y la autoinhabilitación por parte del imputado para conducir durante tres años. Además, la realización de trabajo comunitario en una entidad de bien público, obligación de realizar un curso de seguridad vial, fijar domicilio y no mudarlo, no abusar de bebidas alcohólicas ni estupefacientes y presentarse ante la dirección de personas judicializadas”.
El juez de garantías a cargo de la audiencia resolvió avalar el acuerdo y conceder la suspensión de juicio a prueba por el plazo de tres años bajo las condiciones planteadas por las partes.