Luego de este jueves por la mañana se realizara un importante allanamiento en un restaurant de la capital neuquina perteneciente al ex director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza, los otros dos imputados se entregaron voluntariamente en horas de la tarde.
Se trata del exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna y de Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización de Neuquén, quienes decidieron presentarse ante la Justicia luego de que la Fiscalía solicitará el pedido de captura.
Los dos llegaron a la ciudad Judicial junto a su abogado defensor, Alfredo Cury, alrededor de las 18.30. Al ingresar efectivos policiales se acercaron a ellos, les informaron que tenían pedido de captura y los esposaron para llevarlos a la audiencia.
El miércoles el fiscal Juan Manuel Narváez ordenó la detención de Soiza, Sanz y Osuna, por considerar que había riesgo de entorpecimiento de la causa. Por ese motivo, la Fiscalía pedirá que continúen los tres en prisión preventiva por un plazo que podría ser de entre ocho meses a un año.
Este viernes, la audiencia continuará en el Ministerio Publico Fiscal con los tres imputados.
Estafa con planes sociales: ¿Cómo fue la detención de Ricardo Soiza?
La detención de Ricardo Soiza fue ordenada este jueves junto a la de sus hombres de confianza Marcos Osuna y Néstor Sanz. El argumento para su detención, es que "habría riesgo de entorpecimiento en la investigación". Finalmente, estos dos últimas se entregaron en horas de esta tarde.
Los tres habían sido acusados en noviembre de 2022 como los jefes de una asociación ilícita que con la que cometió un fraude por unos 63 millones de pesos con tarjetas de débito de planes sociales. Otras 17 personas también fueron acusadas: algunas como reclutadoras de beneficiarios ficticios y otras como extractoras del dinero en los cajeros automáticos.
El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, tuvo a su cargo la acusación para los 20 imputados a quienes la jueza Estefanía Sauli imputó los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por el uso de tarjetas de débito y fraude a la administración pública.