Los gobernadores de la Patagonia nuevamente se unieron para criticar fuertemente el Gobierno nacional que permitió unificar los reclamos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut. Luego de un multitudinario acto de gremios petroleros y camioneros realizado en Comodoro Rivadavia, los mandatarios publicaron en las redes sociales un fuerte comunicado titulado “Las provincias unidas del sur”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue muy duro con el Gobierno y dijo que “Si no nos quitan la pata de encima, no sale un barril más de petróleo desde nuestra provincia” y continuó “es ilegal lo están haciendo con los recursos de las provincias patagónicas, por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
En el comunicado, los mandatarios provinciales remarcaron que ellos “no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”. En este sentido, agregaron que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
Además, expresaron que "quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”
Con respecto a los polémicos fondos destinados al Fondo Compensador subrayaron que “fueron retenidos por el Gobierno nacional de forma ilegal”.
El comunicado completo de los gobernadores patagónicos:
Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses.
Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus.
En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.
También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron.
Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA.
Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos.
Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut.
No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias.
Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.
Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas.
Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.
Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina.
Firman los gobernadores: Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).