El fracasado tratamiento en el Congreso de los pliegos para nombrar miembros de la Corte Suprema de Justicia a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, derivó esta tarde en el dictado de un decreto presidencial, designándolos en comisión, para sumarse a los otros tres jueces que quedaban integrando el máximo órgano judicial argentino.
El intento oficialista por tratar el pliego de Lijo en la Cámara de Senadores en el marco de las sesiones extraordinarias, tenía como límite el 1 de marzo, y ante la imposibilidad de hacerlo, el mandatario se inclinó por avanzar con los nombramientos pese a no haber conseguido los dos tercios necesarios que respalden sus propuestas para engrosar el Máximo Tribunal.
Con este decreto que será publicado mañana en el Boletín Oficial, Lijo deberá solicitar una licencia en su juzgado federal luego de que la designación sea admitida en el Senado, aunque algunos le exigen que renuncie al cargo.
Las designaciones en comisión son riesgosas porque tienen fecha de expiración, y además porque resta saber si los tres miembros actuales de la Corte Suprema, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, les tomen juramento.
Las designaciones tienen como objetivo completar las vacantes en el máximo tribunal que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024.
El pliego de Lijo a diferencia de Mansilla- había sumado las adhesiones necesarias para ser tratado, pero no logró los dos tercios necesarios en la Cámara Alta para ser aprobado. En el caso de Mansilla, había manifestado sus dudas por tener que asumir en Comisión, sabiendo además que la oposición no daría el visto bueno en el Senado para obtener el acuerdo. Sin embargo, Milei parece no tener en cuenta esas opiniones, y aspira a tenerlos a ambos sentados escuchando el discurso del 1 de marzo, como integrantes de la Corte.
En un comunicado del Poder Ejecutivo esta tarde , se señaló que " El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
El Gobierno remarcó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".