Arranca el juicio de cesura para los cuatro hombres culpables del secuestro y posterior crimen de Otoño Uriarte. Es un paso crucial para definir las penas de quienes fueron encontrados responsables de uno de los casos más estremecedores en la historia reciente de la provincia. José Hiram Jafri, Néstor Ricardo Cau, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf, por unanimidad fueron declarados culpables del asesinato de la joven oriunda de Fernández Oro. Ahora el tribunal determinará la pena, que puede ser la prisión perpetua.
Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006, lo que desató una búsqueda que culminó seis meses después, cuando su cuerpo fue hallado en la usina de El 30, en el canal Principal de Riego, bajo circunstancias que conmocionaron a la sociedad. Tras 18 años de investigaciones y desprolijidades, el tribunal determinó que el accionar de los acusados encuadra dentro de la figura de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado", delitos que conllevan la pena de prisión perpetua.
La fiscal a cargo del caso, Teresa Giuffrida, lleva adelante la querella en esta nueva instancia judicial y solicitará la pena máxima posible, es decir, prisión perpetua para los cuatro condenados. La gravedad de los delitos cometidos, sumada a la duración del sufrimiento de la víctima y la impunidad que los acusados intentaron mantener durante años, subraya la necesidad de una condena ejemplar.
Por otro lado, los defensores de los acusados solicitarán la aplicación de algún atenuante en el proceso, aunque se anticipa que no existen fundamentos sólidos para tal solicitud, dado el tipo de delitos que se les imputa en carácter de coautores.
El proceso judicial avanzó rápidamente tras la condena de los imputados, quienes se encuentran actualmente detenidos bajo prisión preventiva. De estos, Germán Antilaf ya estaba preso por otro delito. Los otros tres acusados, Jafri, Cau y Lagos, habían permanecido en libertad hasta la lectura del fallo, cuando se ordenó su detención inmediata por el riesgo de fuga.
La defensa de los acusados solicitó la semana pasada una medida cautelar menos gravosa, como la colocación de tobilleras electrónicas para monitorear sus movimientos. Un tribunal de impugnación deberá resolver esta solicitud, manteniendo la prisión preventiva para todos los implicados.
El juicio de cesura, que arranca a las 8.30, representa la última etapa del proceso judicial en este caso, una vez que la culpabilidad de los acusados fue determinada. Luego quedarán los recursos extraordinarios al Superior Tribunal de Justicia e incluso la Corte Suprema, hasta que quede firme la sentencia.