El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso la destitución por cesantía de una ahora ex agente oficinista a la que le endilgó infinidad de inasistencias injustificadas y que había presentado, al menos, un certificado que no conformó a sus superiores. Si bien la expulsión lisa y llana le llegó a poco del cambio de gobierno, fue el resultado de un largo proceso administrativo.
Micaela Lucía B. se desempeñaba en el centro de monitoreo urbano hasta que cayó en desgracia y se sumó a los muchos y muchas oficiales, suboficiales y agentes echados de la institución. En el expediente consta que el 4 de abril de 2023 la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo que le aplicara dicho castigo.
Explicó –en aquel documento– que el 9 de noviembre de 2021, la uniformada presentó una constancia médica con la que pretendía justificar las inasistencias en las que había incurrido “desde el 2 de noviembre de ese año”, hasta el 22 de febrero de 2022.
Tampoco asistió a la primera junta médica a la que la había convocado la división Medicina Legal y, en virtud de eso, le iniciaron un sumario por presunta transgresión al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. La siguieron citando y persistió en la inasistencia.
Después le computaron “372 días de inasistencias injustificadas”, desde el 22 de enero de 2022 y la situación ya no tuvo retorno. A punto tal que le endilgaron abandono de servicio. Ahora, hace apenas unos pocos días, el Ejecutivo atendió aquel pedido de la Jefatura policial y la convirtió en ex agente.